La reciente reforma constitucional al poder judicial en México ha generado un ambiente de incertidumbre económica y política, pero también optimismo respecto a su posible impacto en la inversión y el comercio para 2025. Así lo expresó el Dr. Jorge Arrambide Montemayor, experto en derecho corporativo, durante una charla con abogados del estado, donde abordó temas clave como el T-MEC, la elección de jueces y magistrados, y las leyes secundarias relacionadas con la reforma.
Impacto en el Comercio e Inversiones
Arrambide destacó que la falta de claridad en las leyes secundarias ha pausado inversiones nacionales e internacionales. Sin embargo, proyectó que, para febrero de 2025, estas normativas podrían estar en vigor, ofreciendo certidumbre jurídica.
«Si las cosas se manejan correctamente, podríamos ver un aumento significativo en las inversiones durante el primer semestre del año, impulsado por las oportunidades del T-MEC y una legislación prudente», señaló el especialista.
Presión Internacional y Aranceles
El experto también se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre posibles aranceles a las importaciones y cómo esto podría influir en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Subrayó la necesidad de tribunales independientes para garantizar los derechos en el marco del T-MEC, así como la presión de países como China sobre decisiones económicas de México.
«Es crucial que México mantenga una postura firme y alineada con sus socios comerciales para evitar consecuencias negativas en sectores estratégicos como el automotriz», agregó.
Elección de Jueces y Magistrados
Uno de los puntos más debatidos de la reforma es la elección de jueces y magistrados por voto ciudadano. Arrambide expresó preocupación por la complejidad del proceso y su impacto en la división de poderes.
«Elegir jueces debe basarse en méritos y una carrera judicial sólida, no en campañas electorales. Esto garantiza la imparcialidad y profesionalismo necesarios para la justicia», señaló.
¿Era necesaria la reforma?
El especialista concluyó que, aunque se requiere una reforma en el sistema de procuración de justicia, la actual no aborda los problemas estructurales, como la autonomía y eficiencia de las fiscalías.
«La verdadera prioridad debería ser garantizar investigaciones integradas correctamente y fiscalías técnicas e incorruptibles. Ahí es donde realmente necesitamos una transformación», concluyó.
La implementación y consecuencias de esta reforma serán determinantes para el panorama económico y jurídico de México en los próximos años.
