Ante los casos de abusos, maltratos y falta de seguridad en centros privados de rehabilitación de adicciones, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud y establecer reglas claras para estos establecimientos.
La propuesta busca poner fin a la opacidad con la que operan muchos centros conocidos como “anexos”, al obligarlos a registrarse, contar con autorización sanitaria y someterse a inspecciones periódicas. Además, plantea la creación de un Registro Público que permitirá a la ciudadanía verificar si un centro está autorizado y conocer su historial.
“La rehabilitación no puede darse en condiciones de abuso o clandestinidad. Las familias necesitan certeza y las personas en tratamiento merecen dignidad y seguridad”, expresó la legisladora.
La iniciativa crea un capítulo especial en la ley que clasifica los centros, define los derechos de los pacientes y establece obligaciones para los operadores, como la prohibición de castigos físicos, aislamiento indebido o tratos crueles.
Entre los principales ejes destacan la supervisión sanitaria al menos dos veces al año, requisitos de infraestructura y protección civil, medidas especiales para menores de edad, y un régimen de sanciones que incluye multas, suspensiones y clausura definitiva.
Montalvo Adame subrayó que la reforma no busca cerrar centros que operan correctamente, sino fortalecer a los responsables y eliminar aquellos que ponen en riesgo vidas, al tiempo que llamó al Congreso a tratar el tema como una urgencia de salud pública y derechos humanos.
