La diputada independiente Rocío Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de que el Estado esté legalmente obligado a contar y aplicar un Plan de Emergencia ante sequías o escasez de agua, priorizando siempre el consumo humano.
Montalvo recordó que la crisis de 2022 dejó a miles de familias sin suministro durante meses, mientras algunos sectores mantuvieron el abasto sin afectaciones.
“La improvisación nos costó muy caro. El agua es un derecho humano y debe garantizarse primero para las personas”, afirmó.
¿Qué plantea la reforma?
La iniciativa incorpora cuatro cambios centrales a la ley:
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Crear la figura del “Plan de Emergencia y Gestión ante Crisis Hídricas”.
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Obligar a la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento a elaborarlo, aprobarlo y actualizarlo cada año.
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Exigir que el Gobierno del Estado aplique el plan cuando se declare una crisis.
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Establecer por ley que, en situaciones de emergencia, el consumo humano y doméstico será prioridad absoluta por encima de otros usos.
La diputada señaló que la actual legislación no obliga a tener un protocolo, lo que dejó al estado vulnerable y generó desigualdad durante la última emergencia.
“No es una reforma técnica; es una respuesta al sufrimiento de miles de familias. El agua no puede depender de la ocurrencia del momento”, subrayó.
Montalvo destacó que, ante el avance del cambio climático y el crecimiento industrial, la planeación es urgente.
Una vez aprobada la reforma, las autoridades tendrán 60 días para adecuar reglamentos y lineamientos.
Finalmente, llamó al Congreso a aprobar la iniciativa con sentido de responsabilidad:
“El agua es vida. Esta reforma es para garantizar que nunca más se improvisará con un recurso tan vital”.
