Tras la confirmación de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) sobre un presunto desvío de más de 500 millones de pesos en la cuenta pública 2022 de Santa Catarina, el diputado local del PAN, Miguel Lechuga, anunció que solicitará juicio político contra el alcalde de ese municipio, Jesús Nava Rivera.
En conferencia de prensa, el legislador panista detalló que las observaciones de la Auditoría revelan obras inconclusas, contratos sin soporte legal y adquisiciones inexistentes, como el caso de ambulancias que nunca llegaron al municipio.
“La Auditoría Superior del Estado hizo estas observaciones por 500 millones de pesos. Estamos hablando de obras inconclusas, contratos que no se ven tangibles, contratos que ni siquiera existen o hasta ambulancias que ni siquiera hemos visto”, señaló Lechuga.
De acuerdo con la revisión, al menos 11 irregularidades específicas representan un monto de 159 millones de pesos, mientras que el resto suma más de 300 millones, lo que configura un daño grave al erario. Entre los hallazgos destacan pagos millonarios a empresas de servicios, tecnología y publicidad sin contratos, comprobantes ni evidencia de ejecución, así como adjudicaciones de obras públicas sin permisos ni requisitos técnicos, lo que habría generado retrasos y sobrecostos.
Lechuga adelantó que el próximo 1 de septiembre, en el inicio del periodo de sesiones, pedirá al Congreso del Estado que se rechace la cuenta pública 2022 de Jesús Nava y que la ASENL presente las denuncias correspondientes contra todos los involucrados.
“Una vez presentadas las denuncias vamos a solicitar el juicio político para el alcalde Jesús Nava y que sea juzgado. Él le debe explicar a la gente de Santa Catarina dónde están esos 500 millones de pesos”, declaró.
El legislador panista acusó al edil de incurrir en actos de corrupción y aseguró que la bancada de Acción Nacional impulsará las medidas necesarias para que se sancione a los responsables.
“Aquí no caben pretextos. Esto no es un error administrativo: es corrupción. El alcalde debe rendir cuentas y asumir las consecuencias”, sentenció.
La postura de Lechuga marca el inicio de un proceso legislativo que podría escalar a un juicio político contra Nava, en caso de que las observaciones de la Auditoría deriven en responsabilidades administrativas o penales.
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