El fenómeno de las llamadas “tandas estéticas”, en las que ciudadanos aportan dinero en común para acceder a cirugías de bajo costo, se ha convertido en un riesgo creciente para la salud y el bolsillo de los nuevoleoneses. Ante esta práctica, la Diputada del PRI, Gabriela Govea López, propuso endurecer las sanciones legales para quienes organicen o financien procedimientos médicos sin personal certificado.
La legisladora advirtió que estos esquemas informales se han popularizado en redes sociales, donde se ofrecen operaciones estéticas como liposucciones, rinoplastias o implantes a plazos accesibles, pero sin garantías mínimas de seguridad.
“Hay personas que están recibiendo dinero de terceros para ponerlo en manos de supuestos médicos sin certificación. No solo ponen en riesgo la salud, también están cometiendo un fraude al ofrecer algo que no cumple con la ley ni con la normatividad médica”, señaló.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, más de la mitad de las cirugías estéticas en México son realizadas por personal sin especialidad reconocida, lo que eleva la posibilidad de complicaciones graves, incapacidad permanente e incluso la muerte.
La propuesta presentada en el Congreso contempla penas de hasta seis años de cárcel para administradores de clínicas que autoricen cirugías sin personal acreditado, y también incorpora sanciones específicas contra particulares que organicen financiamientos colectivos con médicos no certificados.
Además, Govea solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Nuevo León vigilar la publicidad y los contratos de hospitales y clínicas privadas, con el fin de evitar cargos ocultos o servicios que incumplan la ley.
“Este tema ya no solo es médico, es un asunto social y económico. Muchas familias están arriesgando sus ahorros en procedimientos ilegales que ponen en peligro la vida de sus seres queridos”, subrayó la diputada.
Con esta iniciativa, el Grupo Legislativo del PRI busca visibilizar que detrás de los precios bajos de las “tandas estéticas” hay prácticas ilegales que representan un doble riesgo: perder dinero y poner en juego la salud.