Con el propósito de evitar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos destinados a organizaciones civiles, la diputada independiente Rocío Montalvo Adame presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada del Estado de Nuevo León.
La propuesta busca garantizar transparencia, reglas claras y participación equitativa en la asignación de apoyos, luego de que diversos colectivos denunciaran falta de claridad y concentración de poder en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encargada actualmente de manejar dichos recursos.
“El gobierno dice apoyar a la sociedad civil, pero mantiene un esquema donde una sola secretaría decide quién recibe recursos, sin convocatorias públicas ni criterios consensuados. Esto ha generado desconfianza y sensación de favoritismo”, advirtió la legisladora, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo.
Montalvo subrayó que la ley vigente otorga facultades excesivas a una sola dependencia, lo que la convierte en juez y parte al definir reglas, dictaminar proyectos y elegir representantes ciudadanos.
“En lugar de fortalecer a las organizaciones, se les ha hecho dependientes de los criterios internos de un funcionario. Nuestra propuesta busca devolverles autonomía y voz”, añadió.
La reforma presentada por la diputada se estructura en seis ejes principales:
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Desconcentración del poder en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, para que los dictámenes sean revisados por un Comité Técnico con participación de las OSC.
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Convocatorias públicas obligatorias, con criterios claros y verificables.
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Reglas de operación elaboradas de forma participativa, junto a las organizaciones inscritas en el Registro Estatal.
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Designación ciudadana transparente, mediante convocatorias abiertas emitidas y aprobadas por el Congreso del Estado.
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Informes trimestrales de gasto público, que detallen en qué y cómo se ejercen los recursos.
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Fortalecimiento del principio de división de poderes, al reconocer al Congreso como autoridad responsable de emitir convocatorias y designar integrantes del Consejo Técnico.
Montalvo explicó que esta reforma responde a reclamos de la propia sociedad civil, que ha exigido mecanismos de rendición de cuentas reales.
“Cada año se asignan más recursos, pero una parte importante no se ejerce y nadie explica por qué. Esta reforma hará que cada peso público esté justificado y visible para todos”, afirmó.
Finalmente, la diputada enfatizó que su propuesta no es técnica, sino ética y democrática.
“Las organizaciones civiles merecen igualdad de condiciones para acceder a recursos que son de todos los ciudadanos, no depender de amistades o afinidades políticas. Esta reforma devuelve confianza, equilibrio y justicia a la relación entre gobierno y sociedad civil”, concluyó.
