La suspensión de las obras del Puente La Virgen abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno de Nuevo León y el Municipio de Monterrey. Ya no se trata solo de una diferencia política; ahora la discusión gira en torno a algo más delicado: si las grandes obras del Estado están iniciando sin un proyecto ejecutivo sólido y sin medir todas sus consecuencias.
Según el Municipio, la construcción afectó un drenaje pluvial y no se acreditaron los permisos necesarios. El Estado tendrá derecho de audiencia y podrá presentar la documentación para defender la obra. Pero la pregunta ya quedó sobre la mesa.
No es la primera vez que una obra estatal enfrenta cuestionamientos técnicos, modificaciones sobre la marcha o suspensiones. Eso alimenta la percepción de que primero se anuncia, luego se construye y después se resuelven los problemas.
Las grandes obras requieren planeación, estudios y coordinación con todas las autoridades involucradas. No basta con tener la intención de transformar la ciudad; también hay que demostrar que cada proyecto fue diseñado para evitar riesgos y prever sus impactos.
El Puente La Virgen podría terminar construyéndose. Pero esta suspensión vuelve a exhibir una constante: la falta de coordinación entre dos gobiernos que parecen gobernar en sentidos opuestos y un Estado que, una vez más, deberá demostrar que sus proyectos ejecutivos, si es que existen, están a la altura de las obras que pretende realizar.
