Desde septiembre de 2022, comunidades ubicadas entre los municipios de Los Ramones y Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, permanecen prácticamente incomunicadas tras el colapso del puente que los conectaba. A casi cuatro años del derrumbe, la única forma de cruzar el río San Juan es a través de una balsa improvisada, una alternativa peligrosa que ha puesto en riesgo la vida, la salud y la estabilidad económica de decenas de familias.
El puente colapsó durante una fuerte creciente del río y, desde entonces, los cruces temporales que han intentado instalar los propios habitantes han sido arrasados una y otra vez por las lluvias.
“Ya vamos para tres años y medio batallando. Somos mucha gente la que ocupamos este paso: estudiantes, trabajadores, personas mayores y enfermos”, relató Eduardo Rubén Pérez, vecino del rancho Las Alazanas y uno de los principales afectados.
Ni escuela ni hospital: el costo humano del aislamiento
El impacto social ha sido profundo. De acuerdo con los habitantes, varios menores han dejado de asistir a la escuela debido a la imposibilidad de cruzar el río de forma segura. En el caso de personas enfermas o adultas mayores, el problema se vuelve crítico.
“Yo tengo una cita en el hospital y no sé cómo le voy a hacer. Si hay una emergencia en la noche, no hay manera de salir”, lamentó Pérez.
Uno de los casos más alarmantes es el de doña Elvira, una mujer de 80 años, quien debe cruzar el río de rodillas sobre la balsa para poder acudir a sus citas médicas. Su familia informó que un pariente permanece hospitalizado luego de caer al río durante el cruce.
“Cruzamos con miedo, pero no nos queda de otra”, señalaron.
Economía detenida y campos sin sembrar
La falta del puente no solo ha afectado la movilidad, sino también la actividad agrícola y económica de la zona. Habitantes aseguran que en los últimos dos años no se ha sembrado trigo, ya que no existen condiciones para trasladar insumos ni sacar las cosechas.
En temporada de lluvias, las comunidades quedan totalmente incomunicadas, lo que agrava el desabasto y la dependencia de familiares o vecinos para conseguir alimentos y medicamentos.
“Nos partió la vida. Antes pasábamos sin problema; ahora dependemos de que los hijos nos traigan comida o de arriesgarnos”, expresó Margarita, otra vecina afectada.
Una balsa como único salvavidas
Ante la ausencia de infraestructura, Alfonso Cervantes Machorro, poblador de la zona, apoya diariamente a cerca de 25 personas para cruzar el río mediante una balsa artesanal. Aunque se han implementado medidas básicas de seguridad, como chalecos salvavidas, el riesgo es constante.
“La balsa no es un juguete, se pone en peligro la vida. Ya se ha caído gente y ha sido muy estresante”, advirtió.
Cervantes señaló que, sin un desazolve del río y la construcción de un puente elevado, cualquier nueva estructura corre el riesgo de colapsar nuevamente durante una creciente.
Llamado urgente a las autoridades
Los habitantes aseguraron estar dispuestos a colaborar con mano de obra y recursos, pero reconocieron que se trata de una obra mayor que requiere la intervención del Gobierno del Estado y del Gobierno federal.
“No tener puente es como no tener piernas”, coincidieron los pobladores, quienes denunciaron el abandono institucional y la falta de respuesta tras casi cuatro años de espera.
Mientras tanto, cada cruce sobre el río San Juan representa una decisión entre arriesgar la vida o quedarse aislado, una realidad que refleja la urgencia de atender una problemática básica y profundamente humana.
