La Vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, exhortó al Congreso de Nuevo León a cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para designar al Fiscal General de Justicia del Estado.
La legisladora destacó que la Corte ya definió a los 11 aspirantes que cumplieron con los requisitos, incluyendo la presentación de la Carta de No Antecedentes Penales, y aclaró que el proceso quedó detenido en esa etapa.
Proceso debe reanudarse sin renovar el Comité de Selección
Pámanes señaló que no es necesario renovar el Comité de Selección, ya que la convocatoria inicial cumplió con los procedimientos establecidos.
“La Corte estableció claramente que quienes cumplen con los requisitos dentro de la primera declaratoria son quienes deben ser considerados para la elección,“ indicó Pámanes.
Hizo un llamado a la Comisión Anticorrupción del Congreso para que avance en el proceso y se proceda a la designación del Fiscal General del Estado.
Resolución de la Corte y acciones legislativas
La pasada Legislatura rechazó el dictamen con los 11 aspirantes señalados por la Corte, declarando desierta la convocatoria. Sin embargo, tras una queja presentada por el Ejecutivo, la SCJN anuló esta decisión el 9 de septiembre y ordenó un informe detallado del proceso, que debía entregarse en un plazo máximo de 15 días.
Pámanes cuestionó la falta de transparencia y exigió a la presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, informar si ya se cumplió con la entrega del informe requerido por la Corte.
“Lamentablemente, hay una gran opacidad por parte de la presidencia del Congreso. Exijo que se informe a todos los Grupos Legislativos sobre el cumplimiento de esta resolución,“ subrayó.
Llamado a la acción
La Vicecoordinadora reiteró la importancia de avanzar con los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales y pidió responsabilidad al Congreso para garantizar que Nuevo León cuente con un Fiscal General a la altura de las necesidades de la entidad.
“El cumplimiento de la resolución de la SCJN no es opcional. Es un mandato que debe respetarse para asegurar la legitimidad y confianza en las instituciones,“ concluyó.
