La diputada local Marisol González, del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) una denuncia en contra de la contralora de Santa Catarina, Elizabeth Galicia Ruiz, y el alcalde Jesús Nava Rivera, por la presunta comisión de faltas administrativas graves.
Acompañada por el regidor Abiel Ñañez y el secretario de Gestión Social del partido, Patricio Zambrano, la legisladora acusó a ambos funcionarios de incurrir en abuso de funciones, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada encubierta, entre otras irregularidades señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con la diputada, la contralora habría participado de manera sistemática en actividades ajenas a sus responsabilidades institucionales, como la entrega de despensas, sorteos en redes sociales, eventos asistenciales y recolección de escombros, todo documentado en más de 30 publicaciones que fueron integradas como prueba en el expediente entregado a la ASENL.
“La Contraloría debe vigilar el uso correcto de los recursos y garantizar la transparencia, no participar en campañas de promoción personal”, señaló González.
Según la denuncia, estas acciones se han realizado utilizando canales oficiales del municipio, lo que podría representar una violación al principio de neutralidad en el uso de recursos públicos. Además, los denunciantes subrayan una falta de cumplimiento en obligaciones de transparencia, como la publicación de actas de Cabildo, reglamentos y contratos municipales.
También se advierte un posible contexto de opacidad, con señalamientos de obras inconclusas y más de 800 millones de pesos en gastos no comprobados por parte del municipio.
La ASENL turnará el caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que es la autoridad encargada de determinar sanciones por faltas graves. Estas podrían ir desde la suspensión del cargo, destitución, inhabilitación por hasta 20 años, e incluso sanciones económicas en caso de que se determine daño al erario.
El objetivo de la denuncia, según sus promotores, es detener el uso indebido de funciones públicas para fines políticos o personales y exigir que los servidores públicos cumplan sus atribuciones con ética, legalidad y transparencia.
