Ante la Contraloría del Congreso estatal, los integrantes de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia formal en contra del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jorge Galván, por “faltas administrativas graves” como el desvío de recursos públicos y la contratación indebida de personal, con lo cual creó una red de tráfico de influencias para favorecer al PRI y al PAN, autorizando la contratación de personas ligadas y con nexos a los líderes locales de estos dos partidos.
Incluso se comprobó con base a revisión de nómina de la ASE que algunos de los “consentidos” por Gálvan cuentan con salarios superiores al del Gobernador del Estado.
Tal es el caso del priista Alberto Barrera, titular de la Unidad de Seguimiento y Control, y del panista Gerardo Cárdenas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes ganan 133 mil 847 pesos mensuales, cada uno.
“Hay funcionarios en esa red que ganan más que el gobernador, no quiero pensar cuánto gana el auditor.
“Con la información que ha trascendido en medios se comprueba que el auditor (Galván) y su red de corrupción es juez y parte. No puede ser que las mismas personas que tienen nexos con el PRIAN sean quienes auditen y señalen a servidores públicos como el Gobernador y a su gente porque hay un claro conflicto de interés”, dijo el Coordinador de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona.
Cabe destacar que el sueldo del titular de la ASE llega hasta los 162 mil 206 pesos mensuales.
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Denuncian una red
Se denunció que, a través de dichas faltas administrativas, Galván “construyó” una red de tráfico de influencias para servir y favorecer al PRI y PAN, partidos que cuentan con la mayoría de votos en el Congreso de Nuevo León, con el objetivo de dañar y chantajear al Poder Ejecutivo.
Gaona precisó que Galván autorizó la contratación de personal que cuenta con nexos al PRI y PAN, violentando así la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la ASE.
Junto a Diana Treviño, jefa de Recursos Humanos de la ASE, Galván autorizó la contratación de diversas personas para ocupar puestos que son clave dentro del órgano fiscalizador.
La contratación de estas personas fue de forma indebida, porque fueron funcionarios dentro de anteriores Administraciones municipales del PRI y PAN, principalmente en Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, a partir del año 2018.
En total, Gaona refirió que fueron 16 personas contratadas para la creación de esta red de tráfico de influencias para favorecer al PRI y al PAN, ya que, incluso, algunos de ellos son militantes de dichos partidos.
También está el caso de Miguel González, Director General de Seguimiento de la Unidad de Seguimiento y Control de la ASE, militante del PAN desde el 2005 y quien fue Consejero Jurídico del Ayuntamiento de San Nicolás.
Además, está el caso de Agustina Hernández, actual Directora de Auditoría de la Auditoría Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos. Anteriormente, ocupó el cargo de Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal de San Nicolás.
Con la formal denuncia, se pide “que se recabe todas las pruebas, y se realicen las técnicas de investigación que devengan necesarias para comprobar que se ha realizado un hecho que la ley califica como falta o delito.
“También que se inicie una inmediata investigación en contra de los que resulten responsables, además de realizar las gestiones que sean necesarias para remover o cesar de manera inmediata a las personas denunciadas”, declaró Gaona.
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