Los senadores Waldo Fernández González y Judith Díaz presentaron un Punto de Acuerdo ante el Senado de la República para exhortar al Gobierno de Nuevo León y al ISSSTELEÓN a garantizar los derechos de los jubilados del magisterio estatal, particularmente aquellos pensionados bajo el régimen previo a la reforma de 1993.
Ambos legisladores señalaron que los pensionados cotizaron bajo un esquema que garantiza el 100 por ciento del salario base del personal activo, incluyendo incrementos salariales automáticos. No obstante, con la reforma de 1993, las pensiones comenzaron a ajustarse únicamente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), dejando de lado los aumentos salariales reales.
La senadora Judith Díaz recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado que los jubilados tienen derecho a una pensión dinámica, es decir, ajustada proporcionalmente a los incrementos que reciben los trabajadores en activo.
Por su parte, Waldo Fernández criticó que, pese a que el Gobierno del Estado ya había acatado resoluciones judiciales, en 2024 dejó de aplicar el ajuste completo, generando una diferencia de 6.43% entre el incremento otorgado a trabajadores en activo (11.09%) y el aplicado a jubilados (4.66%). Esta omisión representa una deuda acumulada cercana a 425 millones de pesos.
El Punto de Acuerdo exhorta al Ejecutivo estatal y a las autoridades del ISSSTELEÓN a:
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Garantizar el ajuste proporcional de pensiones conforme a lo dictado por la SCJN.
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Cubrir de inmediato el 6.43% de ajuste salarial con retroactividad al 1 de enero de 2024.
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Establecer mecanismos legales para la actualización periódica de las pensiones.
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Remitir al Congreso estatal actas y resoluciones clave de los últimos tres años relacionadas con pensiones, incluyendo documentos de 2001, 2002 y 2025.
Además, se hace un llamado para:
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Evitar discriminación entre jubilados.
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Realizar auditorías públicas e independientes sobre el manejo de los fondos.
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Garantizar el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento con las resoluciones de la SCJN.
Finalmente, se solicita a la CNDH y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León investigar posibles violaciones a los derechos de los jubilados del magisterio y emitir las recomendaciones correspondientes.
