El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Waldo Fernández, acusó al Gobierno del Estado de discriminar y abandonar a las personas que enfrentan problemas de adicciones, al considerar que el repunte de crímenes en centros de rehabilitación evidencia la falta de atención institucional a esta problemática.
“El problema de este Gobierno es que discrimina a las personas que pasan por esta problemática y, obviamente, se ve que también discrimina a las mujeres”, afirmó.
El legislador con licencia señaló que existe indolencia por parte de las autoridades estatales hacia los centros de rehabilitación, al considerar que el problema debe atenderse desde una perspectiva de salud pública.
Sus declaraciones se dieron luego de que una mujer que llevaba tres días internada en el Centro de Rehabilitación Hacienda Despertar, en Guadalupe, fuera localizada sin vida el pasado jueves.
“Al Estado no le interesa nada más que tapar los problemas y cuando se presentan estos casos, nadie sale a dar una explicación, nadie le dice al pueblo de Nuevo León qué pasó con esta mujer que lamentablemente falleció, cómo falleció, en qué condiciones falleció”, expresó.
Waldo Fernández también cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la acusó de no esclarecer adecuadamente los casos relacionados con personas fallecidas en instituciones públicas y centros de atención.
Ante esta situación, adelantó que buscará presentar un exhorto en el Senado de la República para solicitar información a la Secretaría de Salud de Nuevo León sobre las revisiones que se realizan en los centros de rehabilitación.
“Vamos a presentar desde el Senado de la República una solicitud para que le informen al Senado si han estado llevando a cabo los censos en estos centros de adicciones, pero también si están cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas en los mismos”, explicó.
Fernández subrayó que la Secretaría de Salud estatal debe informar sobre las condiciones en que operan estos centros y garantizar que la atención a las personas con problemas de adicciones se realice sin discriminación y bajo los estándares establecidos.
