Jessica González Villaseñor fue una profesora recién egresada, quien era hija de una familia trabajadora, también era hermana y se encontraba en plena luz de su vida a los 21 años, y quien salió a reunirse con su pareja una tarde y jamás regresó.
Pese a que la desaparición de Jessica fue mediática en septiembre del 2020, ayer acusaron de culpable a quien fue su novio. Es decir, dos años y cinco meses después de que se cometiera el delito.
Al feminicida, Diego Urik, no sólo lo procesaron por el descenso de la joven Jessica, sino también por haber confiscado su cuerpo sin vida y después crear una red de apoyo para que lo encubrieran sus amigos.
Por lo que el juez Ariel Montoya Romero determinó que la condena justa que el feminicida debía cumplir era: 50 años en privación de su libertad, pagar un millón 981 mil pesos por daño moral y gastos funerarios, y solventar 12 sesiones psicológicas a los padres y hermanos de Jessica.
Y pese a que el feminicida solicitó no estar presente durante la audiencia donde recibiría su sentencia penal, el magistrado Montoya Romero declinó el pedido y lo obligó a estar presente hasta que ésta terminara.
No hay reparación de daños
Ante la declaración de la condena, Verónica Villaseñor, la madre de Jessica, señaló que la alusión a la “reparación de daños” era inservible porque eso no significaba que le traerían de vuelta a su hija.
Además, dijo que los 50 años que el feminicida permanecería privado de su libertad, no eran equivalentes con la pérdida que ella y su familia cargarán.
“La crueldad con la que lo hizo se vio más que clara y el juez lo tomó en cuenta, pero se me hizo poco, no esperábamos más, pero sé que incluso a él (el feminicida) se le hizo poco”, expresó la madre de Jessica.
Historia de su desaparición
Aunque los usuarios en redes sociales volvieron viral a Jessica luego de que sus papás, hermanos y amigos la reportaran desaparecida en Michoacán el 20 de septiembre de 2020, encontraron su cuerpo sin vida cinco días después.
Y la joven profesora querida, presentó signos de asfixia y golpes en el cuerpo.
Ante ello la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) acudió al domicilio del feminicida por ser el principal sospecho, sin embargo, no lo hallaron. Así fue como surgieron protestas de colectivos feministas en diversas partes del país, presionando a las autoridades para que lo buscaran.
De forma que un intento por dar con él, la FGE anunció que ofrecerían un millón de pesos para quien aportara información sobre su paradero, lo cual no ocurrió ya que el feminicida creó redes de apoyo para que lo encubrieran.
El feminicida fue capturado hasta el 30 de septiembre de ese año y, tras decenas de audiencias e investigaciones, finalmente lo declararon culpable y Jessica recibió justicia.
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