La Diputada Melisa Peña, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó dos iniciativas con el fin de fortalecer la protección de los estudiantes en las instituciones educativas de Nuevo León y erradicar la violencia y el abuso en estos espacios.
Reforma a la Ley de Educación para prevenir la violencia escolar
La primera iniciativa busca reformar la Ley de Educación de Nuevo León para establecer medidas más eficaces en la prevención, atención y sanción de la violencia escolar, incluyendo acoso y abuso, tanto en instituciones públicas como privadas. Peña mencionó que ha recibido múltiples denuncias sobre el encubrimiento de actos de bullying y abuso por parte de maestros y directivos, por lo que propone incluir en el Código Penal el artículo 270 Bis 2, que sancione con tres años de cárcel a cualquier miembro de una institución educativa que encubra casos de acoso, abuso o violencia.
Esta reforma también propone que todos los docentes, directivos y personal administrativo reciban capacitación periódica en derechos humanos, manejo de conflictos y atención a víctimas de violencia escolar. Además, establece sanciones claras para las autoridades educativas que no reporten casos de violencia o abuso.
Iniciativa para sancionar severamente los abusos sexuales en las escuelas
Por otro lado, Peña presentó una segunda iniciativa para adicionar los artículos 270 Bis 1 y 270 Bis 2 al Código Penal de Nuevo León, con el objetivo de penalizar más severamente los delitos de abuso sexual y violación contra menores dentro de las instituciones educativas. La propuesta establece penas de 10 a 18 años de prisión para los agresores y de tres a siete años de cárcel para los directores, docentes o autoridades educativas que no denuncien estos delitos en un plazo no mayor a 48 horas. Además, se contempla un aumento de pena si la omisión de denuncia contribuye a la revictimización o al encubrimiento del delito.
Transformar las escuelas en espacios seguros
Ambas iniciativas responden a la necesidad urgente de transformar las escuelas en espacios seguros, donde los estudiantes puedan desarrollarse sin temor, sabiendo que cualquier forma de violencia será atendida y sancionada de manera efectiva.
Peña concluyó destacando que es crucial garantizar que los menores de edad, tanto en educación básica como superior, estén protegidos de cualquier forma de abuso y que las instituciones educativas asuman su responsabilidad en la prevención y denuncia de estos delitos.
